Uruguay ya tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial, una ley de sandboxes regulatorios, una política de alfabetización digital que llega al 90% de las escuelas y pilotos de IA funcionando en gobiernos departamentales. Lo que todavía falta es articular todo eso en un sistema coherente que genere valor público sin dejar derechos en el camino.

Esa fue la conversación que reunió en la Casa de la Cultura de Minas a legisladores nacionales, organismos del Estado, academia, gobiernos departamentales y sociedad civil. Este artículo recorre los dos paneles de la jornada, los casos de uso presentados y las tensiones que Uruguay enfrenta para gobernar responsablemente la inteligencia artificial.

El becario embajador: Agustín Long y la apuesta por llevar la discusión al territorio

Agustín Long, fundador de JAB! Think & Do Tank y asistente asesor en innovación pública en la Universidad de la República, organizó el segundo evento del programa Becarios Embajadores 2.0 con una convicción: la inteligencia artificial aplicada al sector público no puede discutirse solo en Montevideo.

La elección de Lavalleja fue deliberada. Long coordinó el evento en articulación con la Intendencia de Lavalleja y su Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial, logrando una convocatoria que llenó la sala con funcionarios públicos, informáticos locales, docentes y ciudadanos interesados en entender cómo la IA puede mejorar la gestión del Estado.

Conversatorio — Gobernar la inteligencia artificial para crear valor público

El primer bloque de la jornada reunió a cuatro voces del ecosistema público uruguayo en un conversatorio moderado por Carolina Aguerre, profesora asociada del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Aguerre, quien participó en las comisiones científicas que elaboraron las recomendaciones éticas de la UNESCO sobre inteligencia artificial —ratificadas por Uruguay en 2021—, abrió el diálogo recordando que el país no parte de cero: décadas de trabajo en gobernanza de datos, la ley de protección de datos personales de 2008 y la primera estrategia nacional de IA publicada en 2020 son los cimientos sobre los que se construye esta conversación.

Uruguay no está en foja cero, pero el marco actual no alcanza

Rodrigo Goñi, presidente de la Cámara de Representantes, fue directo desde su primera intervención. Para Goñi, la prioridad es clara: entender primero, regular después. Señaló que varios países con equipos técnicos de primer nivel regularon apresuradamente y hoy están revisando esas decisiones. Uruguay, en cambio, tiene bases sólidas: AGESIC como modelo global en gobierno electrónico, Ceibal como referente mundial en alfabetización digital, y una estrategia nacional que es ejemplo internacional. Pero advirtió que la educación es la única solución sostenible para el uso responsable de estas tecnologías.

Paola Rapetti, ejecutiva de Proyectos de Uruguay Innova —el programa de Presidencia para articular la política pública de innovación, ciencia y tecnología—, planteó el desafío con una metáfora: no se trata solo de cambiar las alas del avión en pleno vuelo, sino casi toda la carrocería, y en un vuelo cada vez más corto por la velocidad del cambio tecnológico. Desde Uruguay Innova están construyendo una hoja de ruta basada en siete pilares: regulación, tecnología, investigación, innovación (crear, adoptar, adaptar), productos y servicios, desarrollo de talento e infraestructura. Rapetti adelantó que está en marcha la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial que trabajará junto a academia, sector privado y sector público en investigación avanzada y transferencia al mercado.

Tania Da Rosa, de la División de Gobierno Abierto de AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), compartió el diagnóstico de la Estrategia Nacional de IA actualizada en 2024: el marco existente, si bien no deja al país a la intemperie, no es suficiente. Hay brechas que identificar y abordar, pero el camino no pasa por oponer innovación a regulación. Da Rosa enfatizó que la regulación cumple un rol clave: dar seguridad jurídica y asegurar que el desarrollo y uso de la IA se haga en función del bien común. Subrayó especialmente los desafíos de transparencia y explicabilidad en las decisiones automatizadas del sector público, donde está en juego el derecho de los ciudadanos a impugnar decisiones y al debido proceso.

Patricia Kramer, senadora de la República, se sumó al conversatorio con una perspectiva que conectó innovación y democracia. De formación química, Kramer destacó que Uruguay tiene una larga tradición en la industria del software y un talento acumulado que le permite entrar a esta discusión con fortaleza. Pero señaló un riesgo que a menudo se subestima: regular mal podría ser el mayor peligro, más que no regular. Su intervención se centró en el rol de Ceibal como caso de éxito concreto de IA aplicada al valor público: la acreditación de ciclo básico (pruebas Acredita) pasó de tener un año de demora en la corrección a resolverse en un mes gracias a herramientas de IA que asisten —no reemplazan— a los docentes. Otro ejemplo: el ausentismo escolar en séptimo, que rondaba el 70%, se redujo significativamente con intervenciones tan simples como un WhatsApp mensual a las familias, habilitado por análisis de IA. Para Kramer, la inteligencia artificial es una evolución humana y la política tiene la responsabilidad de generar criterio, no temor.

Las tensiones que Uruguay tiene sobre la mesa

El conversatorio dejó un mapa de tensiones que el país deberá navegar: eficiencia vs. derechos (la videovigilancia con IA puede reducir el delito, pero compromete la libertad de movimiento), innovación vs. sobrerregulación (los sandboxes regulatorios como herramienta para probar sin paralizar), soberanía vs. dependencia tecnológica (la infraestructura de datos tiene un costo que Uruguay no puede asumir con recursos propios) y presupuesto vs. ambición (sostener IA generativa a escala estatal requiere inversiones significativas). Atravesando todas estas tensiones, los panelistas coincidieron en una idea de fondo: el foco debe estar en la libertad y en las personas. Adoptar IA con criterio significa usarla para potenciar capacidades ciudadanas y mejorar la gestión pública, no para delegar decisiones que requieren juicio humano. La educación, la articulación entre actores y la participación informada son las condiciones para que esa adopción genere más oportunidades sin erosionar derechos.

Panel — Casos de uso de IA para generar valor público

El segundo bloque pasó de la reflexión a la práctica. Moderado por el propio Agustín Long, reunió a seis panelistas que presentaron proyectos concretos de IA aplicada en distintos niveles del Estado y la academia.

Villa Serrana: IA satelital para la policía territorial

Felipe de los Santos, director de la Dirección General de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Intendencia de Lavalleja, presentó un problema concreto: Villa Serrana tuvo un crecimiento significativo de construcciones en la última década, muchas de ellas irregulares. El impacto no es solo normativo: las instalaciones sanitarias deficientes están provocando un avanzado proceso de eutrofización del lago, visible en imágenes comparativas de los últimos años. En 2025, solo se aprobaron 26 permisos de construcción por un total de 100 m², cifras que no reflejan lo que realmente se construye.

Carlos Cohn, director de la División de Información y Documentación Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, detalló la solución técnica: un sistema de tres módulos que integra cartografía colaborativa (reportes de ciudadanos y técnicos), teledetección con detección de cambios (comparación de imágenes satelitales de distintas épocas) y geointeligencia artificial para la detección automatizada de construcciones irregulares. El mismo día del evento se estaba realizando un vuelo con drones de la Dirección Nacional de Topografía sobre Villa Serrana para capturar imágenes de alta resolución. El proyecto es escalable: ya se exploran pilotos en la zona rural de Canelones y la herramienta podría aplicarse a nivel nacional para distintas problemáticas territoriales.

Durazno: IA explicable para predecir inundaciones

Johan Duque, coordinador de la carrera de Ingeniería Agroambiental de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), presentó un sistema de alerta temprana para inundaciones en la cuenca del Río Yi. El proyecto, que nació como tesis doctoral en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, utiliza un tipo particular de inteligencia artificial: IA explicable e interpretable, que reduce la complejidad matemática de los modelos hidrológicos sin perder capacidad de interpretación del fenómeno físico. El sistema ganó el Data for Good Challenge del Open Data Charter, lo que permitió financiar el desarrollo de un software abierto y libre que integra monitoreo hidrometeorológico, participación ciudadana (los vecinos pueden subir fotos y datos locales) y modelos predictivos. El objetivo es transferirlo a los organismos de gestión del riesgo.

13 gobiernos locales adoptando IA responsable

Andrés Riva, coordinador en Uruguay del Programa Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable de la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab, presentó un programa que trabaja con 13 gobiernos locales uruguayos —entre ellos Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Florida, Flores, Salto, Rivera y Rocha, más los municipios de Carmelo, Nueva Palmira y Punta del Este— para facilitar la adopción de soluciones de IA en clave pública. Cada gobierno está abordando un problema propio: gestión de residuos sólidos con sensores inteligentes, seguridad pública, detección de baches con cámaras en vehículos municipales. Riva subrayó que las soluciones del sector público no solo deben ser eficientes y eficaces, sino también legítimas: la ciudadanía debe entender y aceptar las decisiones que toman estos sistemas. Identificó en la IA una oportunidad de leapfrogging (saltar etapas de desarrollo) para gobiernos con recursos limitados pero conocimiento profundo de sus realidades locales.

Montevideo: un asistente de IA para permisos de construcción (y las lecciones del fracaso)

Silvia Nane, directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, ofreció la intervención más provocadora del panel. Presentó un asistente de IA generativa que permite consultar en lenguaje natural la normativa de permisos de construcción de Montevideo —un marco legal complejo que afecta a 2.300 técnicos autorizados y unos 300.000 m² de construcción anuales—. El piloto se desarrolló entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Funcionó. Pero de los 2.300 técnicos habilitados, solo lo usaron 400, porque no se comunicó su existencia. Cuando quisieron actualizar el modelo, descubrieron que la Intendencia no había enviado requerimientos nuevos al proveedor durante meses de contrato, y la transferencia de conocimiento tenía un costo adicional de 250.000 pesos.

La lección fue contundente: sin gobernanza, la IA es una novedad que se convierte en agujero de seguridad. Nane planteó que Montevideo está trabajando ahora en gobernanza de datos, gobernanza de tecnologías emergentes y gobernanza de compras públicas (procurement) para que la adopción de IA genere valor sostenible y no dependencias con proveedores. Su reflexión final fue que las decisiones políticas sobre tecnología —como Ceibal, UTEC y la fibra óptica— no son neutras: son decisiones de Estado que construyen las bases sobre las que se monta todo lo demás.

Ceibal: 10 millones de accesos a IA en un mes

Emiliano Pereiro, jefe de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de Ceibal, cerró el panel con datos y un video que mostró a escolares entrenando su propio modelo de IA para clasificar mascotas. Los niños descubrieron por sí mismos los sesgos del modelo —una vaca marrón fue clasificada como mascota de apartamento porque la mayoría de las mascotas de apartamento en los datos de entrenamiento eran marrones— y propusieron la solución: diversificar los colores en los datos de entrenamiento.

Los números respaldan la escala de lo que está haciendo Ceibal: 10 millones de accesos a IA en un solo mes en la red educativa, 90% de las escuelas del país con propuestas de enseñanza de IA, y más de 40 proyectos de herramientas de IA acompañando procesos educativos. En Lavalleja, 8.000 niños ya están aprendiendo inteligencia artificial. Pereiro también anunció el lanzamiento de un chatbot para el programa Acredita y un curso de política pública e inteligencia artificial para funcionarios. El marco de referencia de Ceibal para enseñar IA es reconocido internacionalmente: dos de los 12 expertos mundiales que están desarrollando el marco internacional de alfabetización en IA para las pruebas PISA 2029 son uruguayos.

Las ideas fuerza que dejó Minas

Pragmatismo responsable. El concepto, acuñado por Uruguay Innova, sintetiza la postura del país: avanzar en la adopción de IA sin sobrerregular prematuramente, usando sandboxes regulatorios para probar en entornos controlados antes de escalar.

Sin gobernanza, la IA es una novedad peligrosa. La experiencia de Montevideo lo demostró: un piloto exitoso puede convertirse en un problema si no hay gobernanza de datos, de compras y de gestión del cambio detrás.

La IA no reemplaza personas; las potencia. Desde la corrección de pruebas Acredita hasta la detección de construcciones irregulares en Villa Serrana, todos los casos presentados mantienen al humano en el centro de la decisión.

Educación como única solución sostenible. Legisladores, academia y Ceibal coincidieron: la regulación no alcanza sin comprensión del fenómeno. Y esa comprensión empieza en la escuela, con niños que ya entienden qué es un sesgo algorítmico.

Territorializar la discusión. El evento en Minas demostró que la conversación sobre IA y valor público no puede quedarse en Montevideo. Los problemas territoriales —inundaciones en Durazno, construcciones irregulares en Villa Serrana, gestión de residuos en municipios del interior— requieren soluciones diseñadas desde el territorio.